Firmaron el dictamen del proyecto para regular el financiamiento de las campañas
La iniciativa busca transparentar los aportes privados previos a los comicios.
Un proyecto de ley para transparentar los aportes privados en las campañas electorales de los partidos políticos, y regular el trabajo de las encuestadoras, obtuvo hoy dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, y será debatido en el recinto antes de que termine el actual período de sesiones ordinarias.
El expediente reúne un conjunto de iniciativas presentadas por senadores de Cambiemos y del justicialismo.
El proyecto establece que las agrupaciones no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica, un monto superior al cinco por ciento de los gastos permitidos para cada campaña electoral.
El blanqueo del aporte privado se suma al giro de recursos que, en cada elección, remite el Poder Ejecutivo para los partidos.
Quedan afuera de la ley las contribuciones anónimas, las hechas por entidades nacionales, provinciales o municipales, los contratistas de obra pública, las firmas de juegos de azar, las personas o empresas extranjeras que no tengan residencia en el país y las hechas por asociaciones sindicales, patronales o profesionales.
Además, el aporte en dinero deberá ser efectuado únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito o plataformas digitales, siempre que se pueda identificar al donante.
Los partidos políticos, una vez finalizado cada ejercicio contable anual, deberán presentarse ante la justicia electoral para mostrar su balance general, así como la lista completa de los aportantes.
Ante el incumplimiento de la ley, las agrupaciones serán sancionadas con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual por un plazo de entre uno y cuatro años, y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una o dos elecciones.
Aunque el proyecto fue respaldado en el Senado para transparentar aportes de campaña, contiene varios artículos en los que se regula el trabajo de las encuestadoras de opinión.
En principio, las consultoras que no estén inscriptas en el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión que creará la Cámara Nacional Electoral no podrán difundir por ningún medio sus trabajos durante la campaña.
Además, se obliga a las empresas registradas a presentar, ante cada trabajo realizado, un informe sobre el modo en que fue realizada la encuesta, detalles técnicos, quién realizó la contratación y el monto facturado por ese trabajo.
Esa información será volcada en la web de la Justicia Nacional Electoral y será de acceso público.
Por otro lado, se prohíbe la difusión de sondeos de opinión desde ocho días antes de cada elección y hasta tres horas después de su cierre.
Los medios de comunicación que incumplan esa disposición podrán ser sancionados con multas de entre el 0,1 por ciento y el diez por ciento de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho.
Asimismo, se reduce del diez al cinco por ciento el tiempo total de programación para fines electorales que deben ceder los servicios de comunicación audiovisual.